La paralización de 24 horas en el Poder Judicial obligó este jueves 21 de mayo a mover audiencias en varios tribunales, mientras en otros despachos se mantuvieron las puertas cerradas con avisos que atribuían la suspensión a la protesta. En algunos casos, los jueces fueron únicamente para coordinar nuevas fechas con las partes, como sucedió con Clara Luz Almonte, de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional, y Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional.
Entre los expedientes aplazados había incluso un caso por robo de pertrechos y municiones de la Policía. El abogado Adolfo Serrano, citado para este jueves, manifestó que tendría que pedir nuevas fechas si las asignadas por la jueza Luz Almonte no les resultan convenientes, aunque estimó justas las demandas de los miembros de la judicatura. De su lado, Juan Alfredo Feliz Rincón dijo que fue atendido «bien» en una diligencia en secretaría de un tribunal del Distrito Nacional, pero señaló que «la mayoría de los servicios están suspendidos».
La única dependencia que se mantuvo abierta fue la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, con el fin de garantizar el plazo constitucional para presentar arrestados ante un juez. Aun así, trabajó muy por debajo de su carga habitual: ese día tenía 8 casos en rol, frente a entre 18 y 21 expedientes diarios, y antes de las 11:00 de la mañana ya habían sido conocidos todos por la jueza Fátima Veloz. Los jueces y servidores judiciales afirmaron que no les quedó otra salida que paralizarse tras un largo proceso de reclamos por mejores condiciones laborales, que atribuyen al «cansancio acumulado» y al «silencio e indiferencia» institucional.