Participación Ciudadana sostuvo que el auto de no ha lugar dictado a favor de los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta vuelve a poner en entredicho la capacidad del sistema judicial dominicano para responder con firmeza en casos complejos de corrupción. Su coordinadora general, Leidy Blanco, afirmó que la decisión deja en evidencia obstáculos estructurales en la lucha contra ese delito y obliga a revisar si las fallas están en la elaboración de los expedientes acusatorios o en la valoración judicial de las pruebas.
Las declaraciones llegan después de que el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional excluyera del proceso penal a Castillo y Peralta en la fase preliminar del caso Calamar, al entender insuficientes las pruebas presentadas por el Ministerio Público para enviarlos a juicio de fondo. Para la organización cívica, el fallo no debe interpretarse únicamente como un resultado favorable para los acusados, sino también como una señal de alerta sobre el desempeño de las instituciones encargadas de investigar y juzgar la corrupción administrativa.
Blanco planteó que la decisión deja abiertas interrogantes sobre la calidad de los expedientes preparados por los órganos de persecución y sobre los criterios que emplean los tribunales para determinar si procede un juicio. A su vez, el anuncio del Ministerio Público de que apelará los autos de no ha lugar mantiene en primer plano un debate que va más allá de este caso y refuerza la exigencia de rendición de cuentas sobre cómo se están procesando los expedientes de mayor relevancia pública.