República Dominicana figura entre los países de Centroamérica y el Caribe con mayor desarrollo regulatorio para frenar el desperdicio de alimentos, aunque el diagnóstico presentado por Tetra Pak volvió a subrayar un problema de fondo: contar con normas no asegura resultados si su aplicación falla.
En un desayuno de prensa celebrado en Santo Domingo, Bruno Basile, director de Comunicaciones para Centroamérica y el Caribe de la empresa, aseguró que Costa Rica y República Dominicana encabezan los avances normativos en esta materia. Pese a ello, advirtió que en la región sigue abierta una brecha crítica entre el discurso regulatorio y la ejecución. “En algunos casos puede que exista la ley, más no la aplicación de la misma”, sostuvo.
La advertencia adquiere mayor peso en un escenario en el que, según el Banco Interamericano de Desarrollo, el 38 % de la población vive inseguridad alimentaria, mientras 43 millones de personas enfrentan hambre, de acuerdo con la FAO. Al mismo tiempo, alrededor del 11.6 % de los alimentos producidos en la región se pierde o desperdicia cada año, lo que confirma que el problema no solo es ambiental, sino también social y económico.
Basile sostuvo que reducir el desperdicio de alimentos requiere un trabajo coordinado entre el sector privado, los gobiernos y la ciudadanía, y remarcó que la responsabilidad no puede recaer en un solo actor. También apuntó que uno de los grandes retos en América Latina continúa siendo la conciencia ciudadana sobre reciclaje y aprovechamiento de alimentos, sobre todo porque, aunque la industria puede medir y optimizar pérdidas con tecnología y procesos, el desperdicio en los hogares sigue representando un desafío.
El planteamiento deja una alerta institucional para el gobierno dominicano: encabezar la normativa sirve de poco si la aplicación no se traduce en un alivio tangible frente a la inseguridad alimentaria y el desperdicio. En un panorama donde los sistemas alimentarios generan un tercio de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, la discusión ya no pasa por exhibir marcos legales, sino por responder por su cumplimiento y por su impacto real en la vida de la gente.