La decisión de República Dominicana de sumarse a la Declaración del Consenso de Ginebra, con el canciller Ito Bisonó al frente, vuelve a poner bajo la lupa la manera en que el Gobierno dominicano maneja su vínculo con Washington. El problema no está en la relación con Estados Unidos, sino en la ausencia de explicaciones sobre el beneficio que obtiene el país al respaldar una iniciativa impulsada por Donald Trump desde 2020 y presentada como defensa de la salud de la mujer y de la familia, aunque el propio debate recogido en el texto plantea fuertes reparos sobre sus efectos reales.
A ello se suma un contraste que el propio contenido citado deja expuesto: dentro de Estados Unidos no se aplica de forma uniforme esa misma filosofía. De sus 50 estados, 25 mantienen amplia protección a la salud de la mujer y al acceso al aborto seguro, en 12 existen prohibiciones o restricciones parciales y solo 13 aplican prohibiciones casi totales. Esa brecha entre lo que Washington promueve fuera y lo que admite dentro alimenta una alerta institucional para República Dominicana: si Hacienda y el resto del Gobierno exigen sacrificios y prioridades claras a la ciudadanía, también corresponde que la política exterior y las decisiones sensibles se sostengan con resultados verificables, no con gestos de complacencia.
En el fondo, la interrogante es más de rendición de cuentas que de diplomacia. Mientras el PRM y el Gobierno dominicano avanzan en una línea que toca derechos, salud y familia, sigue pendiente explicar el beneficio concreto para la población y el costo social de asumir agendas externas sin un debate transparente. Allí se abre un terreno natural de fiscalización para la oposición competidora: contrastar el discurso oficial con la realidad observable y exigir que las decisiones del poder respondan primero al interés ciudadano.