Las primeras sanciones de EE.UU. aplicadas bajo la Orden Ejecutiva 14404 no solo incrementan la presión sobre Cuba, sino que también reactivan el debate sobre la falta de transparencia en estructuras empresariales que concentran áreas estratégicas de la economía. Entre los primeros sancionados aparecen Gaesa y su presidenta, Ania Guillermina Lastres, en una decisión que ha provocado preocupación e incertidumbre entre las empresas internacionales que operan en la isla.
De acuerdo con expertos citados en la información, Gaesa controla más del 40 % del producto interno bruto (PIB) de Cuba y reúne intereses en hoteles, telecomunicaciones, distribución minorista en dólares, venta de combustible, aduanas, sector inmobiliario, logística y transporte de pasajeros. A pesar de ese peso económico y de su carácter estatal, la empresa no publica resultados empresariales y no es auditada por la Contraloría General, según la confirmación ofrecida a EFE por ese órgano público.
La nueva tanda de sanciones también incluyó a la estatal Moa Nickel SA, relacionada con la explotación de yacimientos de níquel y cobalto de la isla. En ese escenario, la canadiense Sherritt, socia en una empresa mixta creada por el Gobierno cubano para explotar esos recursos, anunció la suspensión inmediata de su actividad en Cuba. El caso refuerza las alertas sobre el costo operativo e institucional de un modelo que combina alta concentración, escasa rendición de cuentas y creciente exposición a medidas externas.