Santiago sigue registrando alrededor de 400 denuncias mensuales por violencia de género, una cifra que se mantiene pese a los programas oficiales orientados a enfrentar el problema.
El dato, lejos de sugerir una mejoría clara, reabre la discusión sobre el alcance de las políticas públicas y la necesidad de evaluar si las medidas anunciadas están teniendo impacto real en la protección de las víctimas.
En un tema de esta magnitud, la continuidad de las denuncias obliga a mirar más allá de los anuncios y a exigir seguimiento, rendición de cuentas y transparencia sobre los resultados concretos de las acciones implementadas.
La persistencia de esta situación también pone en primer plano la respuesta institucional frente a una violencia que sigue afectando a familias de la provincia, con consecuencias que no se resuelven solo con programas en el papel.
Más que celebrar iniciativas, el foco debe estar en verificar si están reduciendo los casos, mejorando la atención y ofreciendo protección efectiva a quienes denuncian.