En Santo Domingo hay edificios modernos, plazas comerciales y avenidas amplias, pero persiste una falla elemental de la gestión urbana: ciudadanos obligados a exponerse en la vía porque las aceras están tomadas. El caso de una madre con coche de bebé que no puede avanzar por el paso peatonal resume el costo social que afrontan quienes dependen del espacio público para moverse con seguridad.
La ocupación de aceras por vehículos, talleres, colmados, comercios y construcciones, junto con la colocación de conos, cadenas, jardineras y otros obstáculos por particulares, se presenta como una práctica extendida y ya normalizada en numerosos sectores. Así, el peatón queda relegado y la ciudad termina mostrando un uso privado que se impone sobre el derecho colectivo, en un contraste cada vez más evidente entre la idea de desarrollo y la realidad del orden urbano.
Pese a que el Ayuntamiento del Distrito Nacional ha ejecutado intervenciones recientes para recuperar espacios públicos, el planteamiento insiste en que operativos de pocos días no corrigen el problema de fondo. La demanda de un Plan Integral de Aceras Seguras, con inventario de ocupaciones, supervisión permanente, educación ciudadana, medidas contra la reincidencia y resultados públicos, pone el énfasis en la rendición de cuentas: no basta con intervenir, sino asegurar que las aceras se mantengan libres alrededor de escuelas, hospitales, estaciones del Metro y corredores comerciales.