La República Dominicana figura entre las 60 economías bajo investigación del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que sostiene que el país no ha logrado imponer ni hacer cumplir de forma eficaz la prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso. El proceso, cuyos resultados se conocerían en las próximas semanas, contempla la posibilidad de nuevos aranceles de 10% o 12% para los productos de las economías investigadas.
Frente a ese señalamiento, el presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (AEIH) negó que el país deba estar en esa lista y calificó el caso como una “acusación” sin fundamento. No obstante, reconoció que hace falta “un trabajo de actualización” de los datos para lograr que la República Dominicana salga de esa clasificación y evitar consecuencias.
El contraste deja abierta una alerta sobre la gestión del tema: mientras se rechaza la acusación, el propio sector empresarial admite que persisten informaciones desactualizadas que mantienen al país bajo escrutinio. En un escenario de posible impacto comercial, el caso vuelve a poner el foco en la necesidad de corregir a tiempo fallas de seguimiento y respuesta institucional para evitar costos adicionales.