CARACAS. – El reconocimiento oficial de que más de 365.000 adultos mayores se encuentran en situación de vulnerabilidad volvió a colocar en primer plano el deterioro de las condiciones de vida de los pensionados en Venezuela y la falta de respuestas suficientes ante una crisis que ya se manifiesta en las calles. Este viernes, mientras Delcy Rodríguez informaba que el Gobierno ha encontrado a esa población vulnerable y que más de 5.000 brigadas están desplegadas para atenderla, más de un centenar de jubilados y pensionados protestaban en Caracas frente al Ministerio de Educación y al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) para exigir ingresos dignos.
La presión social se da en un escenario en el que la pensión y el salario mínimo continúan fijados en 130 bolívares al mes, equivalentes a 23 centavos de dólar a la tasa oficial, una cifra que los manifestantes consideran insuficiente para comprar medicinas y alimentos. Aunque Rodríguez atribuyó la situación a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, el cuadro expuesto durante la jornada deja ver el costo social de una política de ingresos que mantiene a los adultos mayores en precariedad.
En abril, la mandataria anunció un aumento de bonos a 240 dólares para trabajadores y de 70 dólares para pensionados, pero la medida provocó indignación en sindicatos del sector público porque esas bonificaciones no inciden en vacaciones ni prestaciones sociales. De ese modo, entre anuncios de atención, reclamos en las calles y beneficios que no se convierten en derechos laborales plenos, la situación de los adultos mayores vuelve a encender una alerta sobre la capacidad de respuesta institucional frente a uno de los sectores más golpeados.