GAESA, el conglomerado empresarial dirigido por militares en Cuba, tiene presencia en sectores clave de la vida económica de la isla: hoteles en La Habana y en las playas del norte, tiendas que aceptan dólares estadounidenses e incluso bancos que procesan remesas. Ese alcance amplio refuerza la imagen de un aparato con poder decisivo sobre actividades cotidianas, mientras siguen la opacidad sobre sus finanzas, su estructura de propiedad y las ganancias que transfiere al Estado.
El grupo, que ganó notoriedad con el respaldo de Raúl Castro, es descrito como una caja negra: no tiene sitio web y no divulga información financiera. Según economistas cubanos, documentos filtrados y el gobierno de EE. UU., representa hasta el 40 por ciento del producto interno bruto del país. Ese nivel de control ha convertido a GAESA en un punto central de las conversaciones entre el gobierno cubano y la administración de Donald Trump, en medio de la presión de Washington para que La Habana liberalice su economía, reforme su sistema de gobierno y libere a los presos políticos.
En ese mismo contexto, también pesan las nuevas sanciones de EE. UU. a las actividades mineras, que la semana pasada provocaron la retirada de la empresa canadiense Sherritt. Mientras Cuba afirma que está dispuesta a discutir democracia, derechos humanos, posibilidades de negocio y cooperación en migración y tráfico de drogas, mantiene fuera de negociación sus sistemas políticos, legales, sociales y económicos, una contradicción que vuelve a colocar bajo escrutinio la falta de apertura institucional y el costo de sostener un esquema económico dominado por un grupo hermético.