Un operativo de la Dirección General de Seguridad de Tránsito Terrestre (Digesett) en la salida del elevado de la avenida John F. Kennedy con Ortega y Gasset volvió a poner bajo escrutinio la forma en que se aplica la Ley 63-17 en el Gran Santo Domingo. Aunque la intervención buscaba detener a motoristas que transitaban por una zona prohibida, reporteros de El Nacional observaron una acción con diez agentes, una grúa y varias motocicletas oficiales en la boca de salida del viaducto, en medio del flujo vehicular.
El despliegue, lejos de limitarse a sancionar la infracción, fue presentado en el lugar como una maniobra aparatosa y peligrosa. Según la descripción del hecho, los agentes se lanzaban prácticamente sobre la vía para interceptar a los conductores, provocando frenazos bruscos en un tramo donde la visibilidad es reducida para quienes avanzan detrás de otros vehículos.
La escena expone un contraste entre el deber de hacer cumplir la ley y la obligación de evitar riesgos mayores en la circulación. La presencia de los uniformados bloqueando el carril generaba un peligro de choques en cadena, comprometiendo tanto a los infractores como a los propios agentes. El episodio reabre la necesidad de fiscalizar no solo a quienes violan la norma, sino también los métodos usados por las autoridades cuando un operativo de tránsito termina elevando el riesgo en la vía.