La suspensión de las actividades mineras en Romero, San Juan, volvió a situar al Gobierno bajo presión por la viabilidad técnica de proyectos que siguen enfrentando objeciones de ambientalistas y otros sectores. En ese contexto, la disputa por el relleno sanitario y la planta de valorización de residuos sólidos prevista en El Aguacate, Pedro Brand, se convierte en otra señal de que los anuncios oficiales no han logrado despejar las dudas en torno a iniciativas presentadas como ambientales.
Pese a que se ha reiterado que el relleno no será a cielo abierto, los ambientalistas mantienen su rechazo al advertir que, en la práctica, podría terminar funcionando como un vertedero. La comunidad, que antes se oponía de manera tajante, ahora solo respalda la iniciativa si no se trata de un vertedero ni pone en riesgo los recursos hídricos de la zona, una condición que evidencia la necesidad de vigilancia y de explicaciones más convincentes por parte de las autoridades.
El ingeniero químico Raúl Herrera aseguró que, en la evaluación realizada sobre 993 mil metros cuadrados, no se detectó arroyo, río, manantial ni ninguna fuente de agua que pudiera verse afectada por el proyecto. Sin embargo, la persistencia de la controversia demuestra que el estudio, por sí solo, no ha cerrado el debate público. Después de la reacción provocada por la decisión sobre Romero, el Gobierno deberá medir sus intervenciones para no profundizar la desconfianza ni afectar la inversión nacional y extranjera.