SANTO DOMINGO (AP). La suscripción de un acuerdo entre República Dominicana y Estados Unidos para recibir en tránsito a deportados abrió un nuevo foco de vigilancia sobre el Gobierno, después de que dirigentes opositores y expertos ajenos a las autoridades advirtieran sobre falta de transparencia y posibles implicaciones para la soberanía nacional.
Manolo Pichardo, expresidente del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y secretario de Relaciones Internacionales de Fuerza del Pueblo, sostuvo que el convenio constituye “una claudicación de nuestra soberanía nacional”, al considerar que somete los intereses dominicanos a prioridades geopolíticas externas. Además, juzgó riesgoso convertir el territorio dominicano en un centro de tránsito para extranjeros, autorizar de forma discrecional el uso de bases aéreas a militares de naciones extranjeras e implicar al país en tensiones globales ajenas.
El excanciller Andrés Navarro también puso en duda la aparente opacidad del acuerdo firmado la víspera y exhortó al Gobierno a divulgarlo por completo para que la población conozca su verdadero alcance. “Lo que se ha publicado no dice prácticamente nada”, afirmó. Si bien la cancillería indicó que se trata de un instrumento no vinculante, de ingreso temporal y excepcional para un número limitado de nacionales de terceros países sin antecedentes penales, las críticas se centran en la distancia entre esa versión oficial y la información todavía no publicada, un punto en el que coinciden expertos que piden conocer la totalidad del pacto.