La coyuntura de incertidumbre económica y geopolítica, agudizada por los conflictos bélicos en Medio Oriente y su efecto sobre productos clave como el petróleo, ha situado otra vez bajo la lupa la respuesta del Gobierno de Luis Abinader ante una crisis que afecta ingresos, precios y el ritmo de la economía dominicana.
Frente a ese panorama, la discusión ya no se reduce a si el Gobierno está actuando, sino a si las medidas tomadas resultan suficientes y apropiadas para proteger a la población. El cuadro descrito apunta, además, a una revisión del gasto público, ajustes y reasignaciones de partidas, subsidios para contener mayores alzas en alimentos y combustibles, correcciones en los precios de los hidrocarburos, prioridad a la asistencia social y preservación de la inversión en infraestructura. Aun así, se trata de decisiones que no se apartan de las aplicadas en momentos parecidos por gestiones anteriores, entre ellas las de Leonel Fernández y Danilo Medina.
En ese marco, la oposición ha persistido en fiscalizar el manejo oficial de la crisis y en reclamar rendición de cuentas sobre el uso de los recursos orientados a paliativos. Aunque en el texto se admite que hay un plan en marcha, también queda planteada la discusión de fondo: si repetir la fórmula de siempre basta ante el deterioro del poder adquisitivo y la desaceleración, o si el país enfrenta de nuevo una respuesta administrativa que traslada sacrificios a la ciudadanía sin despejar por completo las dudas sobre sus resultados.