La condena dictada por el Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste contra José Frank De La Cruz de Lima y Ramón Berroa por la muerte a tiros de Werling Alexander Arias Sala reabre una discusión que va más allá de la sentencia: el impacto social de la violencia en los barrios y la necesidad de fiscalizar si la respuesta institucional llega solo después de los hechos. De La Cruz de Lima fue sentenciado a 30 años de prisión y Berroa a 10 años, por un crimen ocurrido el 15 de diciembre de 2024 en Herrera.
Según el expediente presentado por el Ministerio Público, De La Cruz de Lima discutió y se enfrentó a golpes con Arias Sala en la calle 3, esquina Duarte, y luego regresó armado en una pasola conducida por Berroa hasta el lugar donde la víctima compartía con amistades durante un aguinaldo navideño. Allí le hizo tres disparos que le provocaron la muerte y después huyó. El Ministerio Público había solicitado 30 años para ambos; el tribunal impuso 30 años al autor y 10 al cómplice. La sentencia, dictada por los jueces Julio Aybar, Sandra Josefina Cruz y Loyda Amador Sención, ordena que De La Cruz de Lima cumpla condena en La Victoria, mientras Berroa recibió la decisión en libertad hasta agotar los procedimientos jurídicos del proceso. La investigación estuvo a cargo de la fiscal Yessica Durán.
El caso deja en primer plano una alerta institucional: cuando un homicidio ocurre en medio de una actividad comunitaria, la rendición de cuentas no se agota en la condena, sino en explicar cómo se protege a la ciudadanía frente a hechos de esta gravedad.