Desde agosto, Abelardo de la Espriella ha orientado el inicio de su mandato en Colombia hacia una fórmula ya conocida en otros liderazgos de ultraderecha del continente: seguridad de alto impacto, comunicación personalista y confrontación política. Casi a diario anuncia en redes sociales operativos con incautaciones de drogas y armas, detenciones y abatimiento de presuntos guerrilleros y criminales, mientras insiste en actuar con «mano de hierro» y con toda la fuerza «de las armas y las leyes de la República».
Ese despliegue de fuerza se ha acompañado de episodios controvertidos, como su aparición entre cadáveres en bolsas o con una pistola en el cinturón durante una redada policial en Santa Marta, además de su interés en levantar hasta seis megacárceles inspirado en Nayib Bukele. El énfasis en la seguridad convive así con señales de costo institucional: una acción de Gobierno que, según el texto, amenaza con erosionar la democracia y limitar derechos.
Al mismo tiempo, De la Espriella ha endurecido el tono contra la oposición, a la que responsabiliza de la situación de las cuentas públicas, y ha concentrado casi por completo la vocería oficial. El mandatario se ha convertido en la primera y casi única fuente de información de su Gobierno, incluso sobre operaciones de seguridad, infraestructuras o conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, y ha prohibido a los altos cargos declarar sin su autorización. El resultado es un modelo de poder cada vez más centralizado, en el que el discurso de control y orden también abre dudas sobre rendición de cuentas y vigilancia institucional.