El proyecto del teléfono móvil Trump T1, presentado en junio de 2025 por Donald Trump Jr. y Eric Trump como una alternativa “patriótica” a Apple y Samsung, acabó envuelto en un caso marcado por el contraste entre la promesa inicial y los resultados. Con un precio de 499 dólares y un depósito de 100 dólares para reservarlo, casi 600 mil personas enviaron dinero atraídas por la promesa de un aparato que, según se dijo, sería diseñado y construido en los Estados Unidos.
La Organización Trump obtuvo así unos 59 millones de dólares, pero el calendario prometido no se cumplió. El envío estaba previsto para agosto; después pasaron septiembre, octubre y los meses siguientes, y ya en mayo de 2026 el teléfono seguía sin aparecer. En abril, además, el proyecto modificó sus términos y condiciones para advertir que el depósito “no era una garantía de que el artefacto habrá de ser producido o puesto a disposición para la compra” y que “no se crea un contrato de venta”, un giro que reforzó las dudas sobre la operación.
La reacción de los clientes no tardó. Quienes habían adelantado los 100 dólares comenzaron a protestar y a exigir el reembolso sin recibir, según el texto, una respuesta convincente. También quedó bajo cuestionamiento la promesa de fabricación en territorio estadounidense, en un episodio que vuelve a poner el foco sobre la necesidad de vigilancia, rendición de cuentas y fiscalización cuando grandes anuncios terminan chocando con la realidad de los consumidores.