El repunte de la preocupación por los feminicidios vuelve a poner en duda la capacidad efectiva de las autoridades para resguardar a mujeres en situación de riesgo. En República Dominicana, 32 asesinatos de género en los primeros cinco meses de 2026 evidencian que pedir ayuda no está asegurando una respuesta eficaz, en un escenario donde denuncias de posibles víctimas terminaron sin que se activara a tiempo la protección.
El caso de Esmeralda Moronta condensa ese contraste entre el deber institucional y el desenlace. Había denunciado por intención criminal a su expareja en una unidad del Ministerio Público, luego de varios días de hostigamiento persistente, pero fue asesinada antes de recibir la protección que debía resguardarla. El impacto social de estos fallos es doble: deja a las víctimas en mayor vulnerabilidad y alimenta la percepción de que acudir a la fiscalía puede no evitar una tragedia.
La secuencia no es aislada. El texto señala que otros feminicidios también ocurrieron después de que las autoridades fueran alertadas de que la vida de esas mujeres corría peligro. A ello se suman más de veinte víctimas en el mismo período que no acudieron con querellas a los mecanismos de protección. El panorama general refuerza una alerta institucional: cuando la respuesta llega tarde o no llega, se fortalece la presunción de impunidad de los agresores y queda pendiente una rendición de cuentas sobre por qué el sistema no está activándose a tiempo.