SANTO DOMINGO. – El avance en la Cámara de Diputados del proyecto de ley de alimentación y nutrición escolar generó una nueva presión sobre el Senado y el Poder Ejecutivo, después de que la diputada Juliana O’Neal exigiera que la pieza sea tratada como una prioridad nacional para enfrentar lo que calificó como “epidemias de salud pública”.
O’Neal respaldó la iniciativa presentada por la diputada Soraya Suárez, de Santiago por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), y afirmó que prohibir la venta de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas en las escuelas es una medida impostergable. En sus declaraciones, insistió en que el asunto no debe verse solo como un debate de nutrición, sino como la protección de niños expuestos a riesgos de salud que, según planteó, pueden prevenirse.
La legisladora también puso el acento en el costo económico de no actuar. Advirtió que posponer la aprobación de la ley supondría mayores gastos futuros para el Estado dominicano en salud curativa y alertó que mantener las escuelas como espacios donde circulan esos productos eleva un costo social que luego “no podremos costear como sociedad”. Con ese planteamiento, el llamado al Senado y al Ejecutivo quedó marcado no solo por la urgencia sanitaria, sino también por la exigencia de que la respuesta institucional no se retrase frente a un problema ya identificado.