La firma del acuerdo migratorio entre el Gobierno de Luis Abinader y Estados Unidos, que permite el tránsito e ingreso temporal de migrantes extranjeros, ha colocado a República Dominicana en el centro de una ola de incertidumbre que también alcanza a Panamá, Costa Rica y Ecuador. En esos países, socios de la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), el debate público gira en torno a si se están convirtiendo, de hecho, en “países terceros seguros”, mientras en territorio dominicano crece el malestar social alrededor de las implicaciones del pacto.
Aunque las administraciones involucradas intentan presentar el convenio bajo argumentos de “seguridad nacional” y “estabilidad estratégica”, la reacción en las calles y en la opinión pública ha empujado otra preocupación: la defensa de la soberanía, la integridad nacional y la vigilancia de los derechos humanos. En República Dominicana, el tema ya dejó de ser técnico y entró de lleno en el terreno político, con analistas y sectores civiles cuestionando si el país avanza hacia una relación de subordinación frente a Estados Unidos.
Las reacciones recogidas en Panamá, Costa Rica y Ecuador muestran un patrón de inquietud que desborda las versiones oficiales. Entre el alivio por un mayor control de la seguridad y la preocupación por la soberanía y los derechos humanos, el pacto ha abierto una discusión regional que presiona al Gobierno dominicano a rendir cuentas sobre el alcance real del acuerdo y sus consecuencias para el país.