El sexto juzgado de la Instrucción aplazó ayer, a solicitud del Ministerio Público, la audiencia del caso Lobo, en el que se investiga un supuesto fraude millonario de más de RD$100 millones atribuido a un grupo de militares y civiles en seis instituciones del Estado. La decisión se produjo luego de que el órgano de persecución pidiera una prórroga de tres meses para depositar la acusación formal.
Según explicó Mirna Ortiz, titular de la PEPCA, el Ministerio Público sigue a la espera de respuestas a solicitudes hechas al Inacif, la Cámara de Cuentas y la Contraloría General. Esa falta de respuesta fue presentada como la razón para extender el plazo en un expediente que involucra al mayor retirado Carlos Ambrosio Robles Díaz; los coroneles Andrés Pacheco Valera, Luis Ernesto Vicioso Boció, Francisco Guarín Fernández Vásquez, Elías Caamaño Pérez, Yorbyn Eufracio Aybar y Ramón Quezada Ortíz; el primer teniente Wellington Peralta Santos; Bolívar Fernández Espinal, y el empresario Quilvio Rodríguez González, todos con medidas de coerción.
El caso, denunciado por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental que dirige Milagros Ortiz Bosch, apunta a una presunta red criminal que habría afectado al Inaipi, SeNaSa y a las distribuidoras Ede-Norte, Ede-Sur y Ede-Este. El nuevo aplazamiento coloca el foco en la capacidad de respuesta de los organismos llamados a aportar pruebas en una investigación sobre recursos públicos y servicios sensibles para la población.