La orden del presidente Luis Abinader de detener de inmediato las actividades vinculadas a la explotación de oro en las lomas de Romero, en la cordillera Central, llegó tras una semana de movilización en San Juan y puso bajo la lupa la manera en que avanzan proyectos de alto impacto en el suroeste largo. El episodio marca un punto de inflexión en una zona integrada por Azua, San Juan, Baoruco, Independencia, Barahona y Pedernales, donde durante décadas comunidades vulnerables permanecieron adormecidas mientras en parte de sus territorios han caminado, con escasa transparencia, iniciativas extractivas de oro, plata, cobre y tierras raras, además de una plataforma aeroespacial en Oviedo.
En Pedernales, el contraste entre discurso de desarrollo y fragilidad territorial vuelve a quedar expuesto. La provincia concentra minas de bauxita, tierras raras y mármol, junto con parques nacionales como Jaragua y Sierra de Baoruco y otras zonas protegidas que ocupan casi el 68% de su territorio de 2,075 kilómetros cuadrados. Al mismo tiempo, arrastra una alta vulnerabilidad y un proyecto turístico en marcha desde hace cuatro años en Cabo Rojo, impulsado por el mismo Gobierno en alianza con el Grupo Puntacana, bajo el Consorcio Cabo Rojo y presentado como sostenible para impactar positivamente a las cuatro provincias de la Región Enriquillo.
La reacción social en San Juan también refuerza una advertencia institucional: en un contexto global de mayor sensibilidad frente a actividades que afectan el medioambiente, crece la exigencia de salvaguardas reales para comunidades que enfrentan riesgos de contaminación, desequilibrios y sus consecuencias. El debate ya no se limita a promesas de inversión, sino a la obligación de transparentar decisiones públicas y rendir cuentas sobre proyectos que pueden redefinir el futuro social, ambiental y económico del suroeste.