La escasez de agua potable en Consuelo, en San Pedro de Macorís, volvió a poner a INAPA en el centro de las críticas después de que el diputado Alcibíades Tavárez denunciara que el municipio y otras comunidades de la provincia cargan con una crisis que afecta a miles de familias. El legislador de la Fuerza del Pueblo pidió al director ejecutivo del organismo, Wellington Arnaud, una respuesta urgente ante una situación que atribuyó a un abandono sistemático. Todo se remonta a un hecho puntual: el tanque que abastecía al municipio colapsó en noviembre de 2025 y, seis meses después, los residentes continúan sin solución.
La presión no viene únicamente desde el Congreso. En mayo, decenas de comunitarios protestaron frente a las oficinas locales del INAPA con pancartas para exigir una respuesta, en una de las manifestaciones más visibles por la crisis. Desde el hemiciclo, Tavárez también cuestionó la prioridad del gasto en el Este turístico frente a la falta de servicio en municipios como Consuelo, mientras Wellington Arnaud defendía ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados un préstamo de US$400 millones para la tercera fase del Programa Integral de Agua Potable en la zona de Punta Cana-Bávaro, aprobado con informe favorable a fines de abril.
El señalamiento se da en medio de un panorama más amplio de deterioro del servicio. En abril, la comunidad de La Factoría, en San Cristóbal, denunció más de 15 días sin agua, y ese mismo mes el INAPA reportó 24 acueductos fuera de servicio en todo el país, con más de 400,000 usuarios afectados. La secuencia refuerza las demandas de rendición de cuentas sobre la gestión del agua potable y el contraste entre los anuncios de inversión y la persistencia de fallas que siguen golpeando a comunidades fuera de los polos priorizados.