La muerte de Esmeralda Moronta, atribuida a su pareja o expareja, volvió a poner bajo escrutinio la capacidad real del Estado para proteger a mujeres en peligro. El caso se suma a 32 feminicidios registrados en lo que va de 2026, según confirmó la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, el 15 de mayo, y reabre una pregunta central: por qué una mujer que habría rechazado ir a una casa de acogida no encontró una vía de protección efectiva antes de ser asesinada.
Mientras la ministra defendió la labor estatal y sostuvo que también hay mujeres que se salvan, el propio balance oficial deja abierto el contraste entre volumen de atenciones y resultados concretos. En su rendición de cuentas de febrero de 2026, el gobierno de Abinader informó que durante 2025 se ofrecieron casi 100,000 atenciones a víctimas de violencia, incluidas más de 67,000 asesorías legales, 24,000 asistencias psicológicas y el ingreso de 1,210 mujeres y niños a Casas de Acogida. No obstante, esas cifras no explican por qué Esmeralda quedó fuera de esa red de protección.
La ginecóloga y activista Lilliam Fondeur, citada por Noticias SIN, afirmó que Esmeralda sí buscó ayuda, por lo que su muerte apunta a una falla del sistema más que a un hecho aislado. Fondeur reclamó políticas públicas más robustas, educación preventiva desde la infancia y la aprobación de la Ley Mirabal, una iniciativa que lleva años sin avanzar en el Congreso. El caso vuelve así a colocar en primer plano las explicaciones pendientes sobre la efectividad de los protocolos y sobre las barreras que el Estado todavía no ha logrado derribar.