La denuncia de un hombre que figura como fallecido en los registros de la Junta Central Electoral (JCE) vuelve a colocar bajo escrutinio la capacidad de respuesta institucional ante errores que golpean directamente la vida de los ciudadanos. Según explicó en un audiovisual enviado a El Nuevo Diario, el problema se originó por un presunto error de digitación en la Oficialía de la Segunda Circunscripción de San Pedro de Macorís, una situación que, afirma, le ha provocado graves consecuencias personales y financieras.
Segun su relato, la propia oficialía habría admitido la equivocación. Señaló que un oficial civil dejó constancia escrita de que debía corregirse el número de cédula “por ser lo correcto”, pero que el cambio nunca fue ejecutado en el sistema. Como resultado, dijo tener el seguro médico cancelado, cuentas bloqueadas y su identidad suspendida en distintas plataformas y servicios.
El denunciante sostuvo que ha acudido a más de 25 oficinas de la JCE sin obtener respuesta. “Estoy muerto para la JCE, pero vivo para todo lo demás”, expresó en un video difundido en redes sociales, donde pidió la intervención del Pleno del organismo. El caso pone el foco en las fallas de gestión y seguimiento dentro de una institución clave, en momentos en que persisten reclamos de corrección oportuna y rendición de cuentas cuando un error administrativo termina paralizando derechos básicos.