CARACAS.- La deportación a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, señalado como presunto «testaferro» de Nicolás Maduro, volvió a poner en tela de juicio las decisiones del poder en Venezuela, luego de que el propio aparato oficial lo presentara como diplomático, lo designara presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP) y, después, ministro de Industria y Producción Nacional.
De acuerdo con el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), Saab fue deportado «en cumplimiento de las disposiciones normativas de la legislación migratoria venezolana» y al considerar que «se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América». Ese giro contrasta con la protección política que recibió desde 2020 y con su ascenso dentro del Gobierno de Maduro, hasta que Delcy Rodríguez lo destituyó dos semanas después de la captura de Maduro, en enero pasado.
Saab permaneció preso en EE.UU. entre octubre de 2021 y diciembre de 2023, cuando volvió a Venezuela tras un indulto del Gobierno del entonces presidente Joe Biden. En marzo pasado, The New York Times afirmó que la Administración de Donald Trump negociaba su extradición y que el Gobierno de Delcy Rodríguez lo detuvo a comienzos de febrero a petición de Washington. Según esa versión, fiscales estadounidenses presentaron en enero una acusación por corrupción en Miami, luego de la captura en Caracas y traslado a EE.UU. de Maduro y su esposa, Cilia Flores. El caso vuelve a colocar en el centro la distancia entre los nombramientos oficiales y las explicaciones pendientes sobre las responsabilidades políticas alrededor de Saab.