El texto sostiene que el arranque del siglo XXI estuvo atravesado por crisis de gran impacto, entre ellas el derrumbe de las empresas de internet después de la euforia de los noventa en torno al internet, las telecomunicaciones, la tecnología y el comercio electrónico. En ese marco, se destaca que las regulaciones fueron limitadas y que los mecanismos para reducir riesgos resultaron débiles, mientras los precios avanzaban más por expectativas que por ganancias reales, productividad, flujo de caja o capacidad económica efectiva. Como ejemplo, se señala que el índice Nasdaq Composite aumentó más de un 570 % entre 1995 y marzo de 2000, antes de caer cerca de un 77 % dos años después, con una pérdida superior a 5 billones de dólares en capitalización bursátil, según estimaciones de expertos.
La pieza también recuerda que no se trató de un episodio aislado, sino de una secuencia de acontecimientos que han marcado la vida humana en el primer cuarto del siglo XXI. Entre ellos menciona los atentados del 11 de septiembre de 2001, que impulsaron una mayor atención sobre el financiamiento del terrorismo, además de las guerras en Afganistán e Irak, nuevas tensiones en Medio Oriente y la creación de convenios internacionales para impedir el uso de instituciones financieras con esos fines.
Desde ese recorrido, el planteamiento sobre democracia económica y justicia social queda vinculado a una advertencia institucional concreta: sin controles efectivos, supervisión real y reglas capaces de contener riesgos, el costo termina recayendo sobre la sociedad. La discusión, así, no se limita a principios generales, sino a la exigencia de instituciones que garanticen oportunidades, movilidad social y acceso sin privilegios, frente a crisis que han puesto en evidencia la distancia entre la promesa de progreso y sus resultados reales.