La orden del presidente Luis Abinader de detener el proyecto minero Romero en San Juan volvió a poner en primer plano un problema mayor que el caso puntual: la incertidumbre que generan decisiones de alto impacto adoptadas desde el Poder Ejecutivo mientras aún estaban en curso los canales administrativos y regulatorios.
El proyecto de GoldQuest llevaba años en evaluación ambiental y todavía no contaba con permiso de explotación, en medio de preocupaciones ciudadanas por posibles efectos sobre recursos hídricos y actividades agrícolas. Ese contexto confirma que existían mecanismos institucionales para procesar las objeciones sociales. Por eso, la intervención presidencial sin agotamiento visible de esos procesos abre interrogantes sobre el respeto a reglas predecibles y sobre el contraste entre el discurso de estabilidad y la práctica de decisiones discrecionales.
La movilización social en San Juan refleja una ciudadanía activa y vigilante, pero también expone la obligación del Estado de responder dentro de procedimientos claros. Cuando una decisión de esta magnitud se toma fuera de un proceso administrativo definido, el costo no se limita al proyecto detenido: también se debilita la certeza jurídica que sostiene la confianza en sectores de largo plazo como la minería y la energía, y se refuerza la exigencia de rendición de cuentas sobre cómo se están manejando decisiones sensibles para la economía.