La aprobación en primera lectura del proyecto de reforma a la Ley 16-92 del Código de Trabajo por la Cámara de Diputados, a unanimidad, no cerró la discusión de fondo y volvió a exponer en el Congreso el choque entre empresarios y sindicalistas. Lejos de despejar el conflicto, el avance legislativo mantiene abiertas las inquietudes sobre uno de los puntos más sensibles de la propuesta: la cesantía.
El diputado por San Pedro de Macorís, Jacobo Ramos, defendió que la iniciativa se apruebe tras más de una década de disputa entre ambos gremios y tres gobiernos sin consenso. Sostuvo que el proyecto incluye aspectos que, a su juicio, benefician a los empresarios, mientras el principal punto de quiebre sigue siendo la compensación económica que recibe el trabajador al terminar su contrato. Del lado empresarial, la posición es modificar esa figura para ajustarla a la realidad financiera en la región, con límites de cálculo para nuevos contratos y posibilidad de indemnización prorrogada y en cuotas.
Ramos afirmó que la reforma contiene avances en materia laboral, como el trabajo doméstico o la licencia de pago, pero atribuyó la resistencia empresarial a su interés en cambiar la cesantía. También rechazó el argumento de que no se incluyeron consensos alcanzados en el diálogo, al asegurar que «eso es falso» y que esos acuerdos sí están en el texto. Con el debate otra vez abierto, la discusión vuelve a colocar bajo escrutinio la capacidad del Congreso para producir una reforma que no prolongue un conflicto arrastrado durante años.