El apresamiento de Aurelio Valdez Alcántara, fiscal adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), reabrió las alertas sobre los controles internos del órgano llamado a perseguir la corrupción administrativa. Según el expediente judicial, Valdez fue arrestado el 27 de marzo de 2026 tras ser acusado de recibir US$10 mil en efectivo de Roberto Canaán, exgerente de Senasa y testigo en un caso de corrupción.
La investigación del Ministerio Público ubica una reunión el 13 de marzo de 2026 en el estacionamiento de un centro comercial en la intersección de las avenidas Jiménez Moya y 27 de Febrero, en el Distrito Nacional, donde presuntamente se produjo la entrega del dinero. El órgano acusador sostiene además que el imputado inicialmente habría exigido US$200 mil, luego reducidos a US$150 mil en medio de negociaciones, antes de concretarse la entrega del monto menor. Entre las evidencias presentadas figuran una copia de un cheque de administración por más de un millón de pesos dominicanos a nombre del imputado, por el completivo de un apartamento, y un recibo de la DGII vinculado a una transacción inmobiliaria.
El caso ha sido descrito como uno de los episodios más graves de presunta corrupción interna dentro del Ministerio Público en los últimos años, precisamente porque involucra a un funcionario de la estructura encargada de combatir ese tipo de delitos. En ese contexto, el Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva al alegar riesgo de que el imputado pueda influir u obstaculizar las investigaciones. El 30 de marzo de 2026, la jueza Ysis Muñiz, de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, aplazó el conocimiento de la solicitud de medida de coerción.