A un año y un mes del colapso del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el 8 de mayo de 2025, los familiares de las víctimas siguen esperando respuestas judiciales por una tragedia que dejó 236 fallecidos y 174 niños y adolescentes en la orfandad. El caso permanece en etapa preliminar, mientras aumenta la presión por una decisión que permita avanzar hacia la rendición de cuentas.
El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, reservó para el 15 de junio de 2026 el fallo sobre el posible envío a juicio de fondo de Antonio y Maribel Espaillat. Durante las audiencias, el Ministerio Público presentó más de 160 pruebas: 84 testimoniales, 35 periciales y 40 documentales, con las que sustenta la acusación por el desplome ocurrido en el establecimiento.
Entre los testimonios escuchados, Simón Bolívar Soto Mejía sostuvo que los hechos no corresponden a un homicidio involuntario, como plantea el Ministerio Público, sino a un homicidio voluntario bajo la figura del dolo eventual, al afirmar que los responsables conocían los riesgos y no actuaron para evitarlos. Ana María Ramírez Peña, sobreviviente y creadora del Movimiento Justicia por Jet Set, describió la escena como “un verdadero infierno”, mientras Gregory Adames, exempleado y también sobreviviente, declaró ante el tribunal que los responsables del local tenían pleno conocimiento de las condiciones en que operaba la discoteca. El proceso entra así en una fase decisiva bajo la exigencia de que la magnitud del caso no termine diluida entre demoras y tecnicismos.