Las condenas dictadas esta semana en el caso Coral y Coral 5G volvieron a poner bajo la lupa una de las respuestas más recordadas del poder frente a las denuncias sobre el manejo de recursos públicos: “¿Cuál corrupción?”. En 2016, mientras distintos sectores señalaban irregularidades, el entonces presidente Danilo Medina contestó con esa frase, luego repetida por sus seguidores para sostener que la gestión estaba libre de actos ilícitos.
Ahora, el fallo del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional marca un contraste contundente con aquel discurso. El tribunal impuso 20 años de prisión al mayor general Adán Cáceres Silvestre, al general Juan Carlos Torres Robiou y al coronel de la Policía Nacional Rafael Núñez de Aza, al hallarlos culpables de integrar un entramado de corrupción y lavado de activos que desfalcó al Estado dominicano con miles de millones de pesos. También fueron sentenciados a 15 años de prisión el general Julio Camilo de los Santos Viola y la pastora Rossy Guzmán.
A eso se suman condenas de 10 años de prisión para Esmeralda Ortega Polanco, Boanerges Reyes Batista, José Manuel Rosario Pirón, Kelman Santana Martínez y Franklin Antonio Mata Flores. Más que cerrar un expediente judicial, la sentencia vuelve a poner sobre la mesa la vigilancia del uso de los fondos públicos y deja al descubierto el costo institucional de pasar por alto a tiempo las alertas sobre corrupción.