El Congreso de El Salvador aprobó una nueva prórroga de 30 días al régimen de excepción, con lo que la medida acumula ya 52 extensiones consecutivas y mantiene suspendidas garantías constitucionales en el país.
La decisión preserva un marco de excepción que ha sido cuestionado por las denuncias de violaciones a derechos humanos, al tiempo que continúan las detenciones y las acusaciones de abusos bajo custodia estatal.
La extensión vuelve a poner bajo revisión el costo institucional de una política de seguridad sostenida por más de cuatro años, así como su impacto sobre derechos fundamentales y el control de las actuaciones estatales.
Aunque las autoridades han mantenido la prórroga como herramienta de seguridad, la permanencia de la medida exige seguimiento sobre sus resultados reales, transparencia en su aplicación y rendición de cuentas frente a las denuncias acumuladas.
Con esta nueva aprobación, el régimen de excepción seguirá vigente por otro mes, mientras persiste el debate sobre si la excepcionalidad se ha convertido en una fórmula permanente para gestionar la seguridad en El Salvador.