Las empresas dominicanas siguen enfrentando retos para detectar operaciones vinculadas al lavado de activos, en un contexto donde persisten brechas en el cumplimiento efectivo de la Ley 155-17, según la pieza original publicada por *El Dinero*.
El diagnóstico apunta a que, pese a los avances registrados en el sector financiero, la aplicación de la normativa continúa mostrando fallas en buena parte de la economía dominicana. La supervisión, además, sigue siendo desigual, lo que limita la efectividad real del marco legal.
La situación coloca bajo revisión no solo la capacidad de las empresas para cumplir con las exigencias de prevención, sino también la consistencia del sistema de supervisión. En un país donde la ley existe, el reto no se reduce a su promulgación, sino a su aplicación sostenida, al seguimiento de los sujetos obligados y a la capacidad de detectar riesgos de manera oportuna.
El tema adquiere relevancia pública porque la prevención del lavado de activos depende de controles efectivos, no de avances parciales. Cuando la supervisión es irregular, la norma pierde capacidad de disuasión y se amplía el margen para incumplimientos que afectan la transparencia del sistema económico.
La pieza original no aporta cifras adicionales ni nuevos datos sobre sectores específicos, por lo que el foco queda en la advertencia central: todavía hay brechas relevantes entre la existencia de la ley y su cumplimiento efectivo en el sector empresarial.