El Consejo Nacional del Comercio en Provisiones (CNCP) planteó que las contribuciones fijadas en la Ley No. 98-25, que modifica la Ley No. 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, no se definan únicamente por el nivel de facturación de las empresas. El gremio propuso que también se tome en cuenta la naturaleza de la actividad económica y la cantidad de residuos efectivamente generados, en un señalamiento que reabre el debate sobre si la aplicación de la norma está respondiendo al impacto ambiental real o trasladando cargas desproporcionadas a sectores clave del abastecimiento.
La propuesta fue enviada al presidente Luis Abinader, al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, al ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, y al presidente del CONEP, Celso Juan Marranzini. El CNCP sostuvo que un sistema de contribuciones ambientales debe guardar una relación razonable con la presión que cada actividad ejerce sobre el sistema nacional de gestión de residuos, de modo que quienes generen mayores volúmenes aporten en proporción a ese impacto.
El gremio advirtió que el comercio mayorista de provisiones es uno de los principales canales de abastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, pero opera con márgenes de rentabilidad reducidos y genera volúmenes de residuos significativamente menores que actividades industriales o de transformación. Con ese argumento, pidió incorporar criterios de proporcionalidad para una aplicación más equitativa de la ley y preservar la competitividad del sector, en una discusión que coloca bajo escrutinio el diseño y los efectos reales de la política pública.