La decisión del presidente Luis Abinader de detener las actividades relacionadas con el proyecto minero Romero, en San Juan, fue presentada como respuesta a una demanda ampliamente expresada por la sociedad sanjuanera y por buena parte del país en defensa del agua, la salud, la tierra productiva y la vida. No obstante, el giro también deja bajo escrutinio la forma en que se manejó un proyecto de alto impacto que acabó enfrentando rechazo social por falta de información clara, transparencia, consulta seria y aceptación comunitaria.
En medio de las quejas de grupos empresariales y de sus voceros, que hablan de afectaciones a la libre empresa y a la seguridad jurídica, el debate ha colocado en primer plano que ninguna inversión puede estar por encima de la Ley 64-00, de la Evaluación Ambiental Estratégica, de la consulta pública ni del derecho comunitario a ser escuchado. Bajo ese marco, la controversia en torno a GoldQuest, empresa canadiense con participación de inversionistas dominicanos, refuerza la demanda de vigilancia pública sobre decisiones que comprometen ríos, la presa de Sabaneta, la agricultura y el futuro regional.
La suspensión no cierra la discusión: la traslada al terreno de la rendición de cuentas. San Juan, según el texto original, no rechaza el desarrollo, sino que se le cambie su destino sin tomarlo en cuenta. Ese contraste entre discurso de progreso y resistencia comunitaria vuelve a colocar sobre el Gobierno la obligación de demostrar que la gestión de los recursos naturales responderá al interés nacional, a la ley y a la soberanía, y no solo a presiones económicas o bursátiles.