La circulación en República Dominicana se ha vuelto una prueba diaria de la brecha entre lo que se anuncia y lo que se vive: se presentan planes, campañas, estrategias, leyes e inversiones para “ordenar” las calles, pero la población continúa atrapada en los mismos tapones, las mismas violaciones, los mismos vehículos en mal estado y la misma sensación de abandono en las vías.
La imagen de “la fiebre en la sábana” retrata un patrón que ya no puede tratarse como novedad administrativa. Cambian los nombres de los operativos, los horarios y los letreros, pero el problema de fondo permanece: un sistema vial saturado, la imprudencia convertida en rutina y un régimen de consecuencias tan débil que muchas normas acaban siendo letra muerta. Ahí se instala la principal alerta institucional: el Estado anuncia, pero no logra corregir.
Los datos de la Dirección General de Impuestos Internos confirman la presión creciente sobre un sistema que no da respuesta. Al cierre de 2025, el país registraba 6,640,871 vehículos, 446,819 más que en 2024, para un crecimiento de 7.2 %. Las motocicletas representaban el 57.9 % del total, con 3,846,694 unidades. El volumen explica parte del colapso, pero no lo justifica todo: en el Gran Santo Domingo, Santiago y otras zonas urbanas se repiten calles estrechas, intersecciones colapsadas, transporte público informal, falta de parqueos, semáforos descoordinados y una convivencia cada vez más riesgosa entre carros, motocicletas, guaguas, camiones y peatones.
Reducir la crisis al aumento del parque vehicular sería, precisamente, la salida cómoda para el poder. El propio cuadro descrito apunta a un problema de gestión y resultados: normas sin cumplimiento efectivo, controles insuficientes y medidas que no modifican la experiencia cotidiana de la gente. En ese escenario, la fiscalización deja de ser un discurso abstracto y pasa a ser una exigencia concreta frente al costo social del desorden, que golpea tiempo, seguridad y calidad de vida.
Para el Gobierno de Luis Abinader y para las autoridades vinculadas a la gestión urbana, incluido el ámbito municipal donde figuras del PRM como Carolina Mejía tienen responsabilidad sobre la vida de la ciudad, el caos vial ya no puede presentarse como un problema heredado ni como una simple consecuencia del crecimiento. La acumulación de anuncios sin alivio visible alimenta el desgaste de gestión y refuerza la demanda de rendición de cuentas de una sociedad civil que convive cada día con calles tomadas por la improvisación y la falta de autoridad real.