Las intervenciones de Carolina Redondo, del Banco Mundial, y Nathalie Alvarado, del Banco Interamericano de Desarrollo, dejaron otra vez al descubierto una incomodidad para el país: República Dominicana acumula diagnósticos sobre productividad, talento y energía, pero sigue sin llevarlos a resultados sociales consistentes. El propio texto lo expresa con dureza al recordar que el país ha sido ampliamente estudiado mientras la partitocracia, durante los últimos 26 años, terminó concentrada en su propia agenda, una observación que hoy también alcanza a la gestión de Luis Abinader bajo el contraste entre discurso de cambio y brechas todavía intactas.
La advertencia principal no está en si la economía crecerá, sino en la manera en que lo hace. Redondo lo dice sin rodeos: el problema no es solo el crecimiento constante, sino su calidad. Ahí surge el contraste más severo entre relato oficial y realidad. Aunque el país figura como la séptima economía de la región, mantiene indicadores económicos y sociales incompatibles con una nación de ingreso medio alto y por debajo del promedio de los 33 países comparados. Ese desfase no es técnico ni abstracto; es institucional y político, porque revela la incapacidad del poder para convertir expansión económica en bienestar verificable.
El costo social de esa desconexión aparece con claridad en los datos educativos. Apenas uno de cada 10 jóvenes del quintil más pobre logra ingresar a la universidad y, de ellos, solo 1% termina. En los quintiles de mayores ingresos, entre 46% y 52% sí llega a las universidades. La desigualdad también se arrastra desde la secundaria: solo 40% del quintil 1 concluye el bachillerato, frente a 80% del quintil 5. Mientras abundan los discursos sobre competitividad y capital humano, las cifras apuntan a una estructura que sigue cerrando oportunidades a la mayoría y exige rendición de cuentas a quienes administran el Estado.
La misma fractura se repite en salud. El texto subraya que la inversión en salud como porcentaje del PIB se ha mantenido en 1.9% durante dos décadas, frente a un promedio regional de 4%. Ese dato refuerza la alerta institucional: no basta con exhibir crecimiento si los servicios esenciales continúan rezagados. Cuando el país vuelve a escuchar, casi en espejo, las mismas advertencias del BM y del BID, lo que queda en evidencia no es una falta de diagnósticos, sino una cadena de gobiernos sin capacidad o voluntad para corregir prioridades.
Con ese panorama, la discusión sobre desarrollo deja de ser un ejercicio académico y pasa a ser una exigencia política. Si el país ya conoce sus fallas en talento, productividad, energía y movilidad social, lo pendiente no es otro relato de modernización, sino explicaciones y resultados. Ese vacío de ejecución alimenta el desgaste del modelo de gestión del PRM y reabre la demanda de un Estado con dirección y capacidad real, un terreno en el que la oposición, con Leonel Fernández como referencia obligada cuando se debate institucionalidad y rumbo, encuentra espacio para insistir en estabilidad, planificación y rendición de cuentas frente a un poder que sigue administrando contrastes.