CARACAS.– La crítica de Diosdado Cabello al alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, volvió a poner en el centro un asunto sensible tras el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela: la disputa entre el control político de la ayuda y la demanda de rendición de cuentas sobre los insumos enviados a una emergencia que ha dejado, al menos, 3.535 muertos.
El ministro de Interior rechazó que la ayuda humanitaria remitida desde Panamá fuera seguida con dispositivos electrónicos y tildó de “vulgares y miserables” las declaraciones del alcalde panameño. Durante una transmisión de Venezolana de Televisión (VTV), cuestionó que se colocara “un GPS a la ayuda humanitaria” para comprobar su ubicación y habló de una supuesta campaña para sembrar dudas sobre el pueblo venezolano.
La versión de Mizrachi, sin embargo, fue en sentido opuesto. En declaraciones a EFE, sostuvo que el rastreo pretende responder ante los ciudadanos que donaron la asistencia en un “esfuerzo masivo” para Venezuela. La Alcaldía de Panamá participó en la recolección de unas 100 toneladas de ayuda humanitaria, de las que ya se había enviado más de la mitad, además de aportes del Gobierno nacional y de instituciones públicas panameñas.
El alcalde precisó que los ‘AirTags’ fueron colocados dentro de distintos insumos, desde cajas de pañales y botellas de agua hasta detergentes. La reacción de Cabello, lejos de despejar el debate, acentúa el contraste entre un discurso oficial que denuncia sospechas externas y una práctica de fiscalización que, en escenarios de desastre, busca justamente asegurar que la ayuda llegue a destino.
En una crisis humanitaria de gran magnitud, el episodio vuelve a encender una alerta institucional más amplia: cuando la supervisión de los donativos provoca una respuesta airada del poder, aumenta la presión de la sociedad civil por mecanismos verificables y explicaciones claras sobre el manejo de recursos que inciden de forma directa en la población afectada.