Después de una semana de cacerolazos, concentraciones en la Plaza de la Bandera y movilizaciones en distintos puntos del país, el Poder Ejecutivo depositó este viernes un proyecto de ley para modificar 18 artículos del nuevo Código Penal. La propuesta fue entregada a través del presidente del Senado, Ricardo de los Santos, con el objetivo de retocar la Ley núm. 74-25.
La decisión deja una lectura política difícil de soslayar: una norma que ya había sido aprobada tuvo que volver a abrirse por la presión ciudadana, luego de que amplios sectores señalaran riesgos para la libertad de expresión, la prensa y las voces disidentes. Aunque el texto no lo dijera de manera expresa, la reacción social se concentró precisamente en disposiciones que podían prestarse a persecución de opiniones y críticas, una señal de desgaste institucional que ahora obliga al Congreso a actuar con vigilancia reforzada.
La iniciativa fue remitida de inmediato a la Comisión Bicameral que estudia la modificación del Código Penal e incorpora observaciones de juristas, académicos, comunicadores, medios de comunicación y organizaciones civiles. Que esos cambios deban aprobarse antes de la entrada en vigor de la ley confirma que la fiscalización de la sociedad civil terminó corrigiendo un diseño legal que había encendido alarmas públicas.
Entre los puntos más sensibles figuran cinco artículos vinculados a libertad de expresión y de prensa. El artículo 123, sobre ciberbullying, será ajustado para precisar su alcance y evitar que una redacción amplia pueda usarse contra opiniones, críticas o expresiones legítimas en redes sociales e internet. La preocupación de comunicadores digitales era concreta: que cualquier comentario incómodo en línea quedara expuesto a una acusación penal.
También quedó bajo escrutinio el artículo 192, sobre difusión de audio o imágenes sin consentimiento, uno de los más debatidos dentro del paquete de reformas. El trasfondo político de estas correcciones es claro: sin presión social, el país habría entrado en vigor con disposiciones severamente cuestionadas por sectores que reclamaron prioridad para los derechos fundamentales y rendición de cuentas al poder.
Ahora la responsabilidad recae sobre el Congreso Nacional, que se comprometió a aprobar los cambios antes de la entrada en vigor de la Ley núm. 74-25. Después de una rectificación forzada por la calle, el desafío ya no es solo corregir artículos, sino evitar que vuelva a repetirse una legislación que llegue primero con ruido oficial y después con enmiendas de emergencia por presión ciudadana.