Este viernes, el Senado de la República aprobó en segunda discusión, con 23 votos favorables, el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, iniciativa que pasa ahora a la Cámara de Diputados y luego al Poder Ejecutivo. La decisión no cierra el debate: al contrario, vuelve a colocar bajo escrutinio una reforma que el Gobierno presenta como modernización, pero que llega en medio de fallas graves dentro del cuerpo del orden.
Impulsada por el Gobierno dominicano dentro de su proceso de transformación policial, la propuesta busca fortalecer la institucionalidad, mejorar la supervisión y ajustar la gestión y el control interno. Aun así, el propio texto deja ver la dimensión del problema que sigue en manos del Congreso: endurece los requisitos para los principales cargos de dirección y crea un régimen disciplinario más severo frente a conductas irregulares que abarcan corrupción, abuso de autoridad, tortura, discriminación, acoso sexual y laboral, manipulación de pruebas, vínculos con el narcotráfico y uso indebido de bienes públicos.
Entre los ajustes figura que el director general de la Policía Nacional, los subdirectores generales, el inspector general y el director de Asuntos Internos deberán ser generales activos, contar con una maestría y demostrar competencias profesionales acordes con sus funciones. Además, se separan las tareas de investigación y decisión de las faltas, con el propósito de asegurar mayor imparcialidad y transparencia en los procesos, un punto que vuelve a evidenciar debilidades institucionales que hasta ahora han requerido corrección legal.
El proyecto también amplía el catálogo de faltas muy graves e incorpora sanciones más duras para los agentes que incurran en esas conductas. Que el Congreso deba avanzar una reforma de esta magnitud para castigar con mayor rigor prácticas como la corrupción, el abuso o la manipulación de pruebas devuelve el debate al terreno que más pesa para la ciudadanía: no al discurso de cambio, sino a la capacidad real del Estado para hacer valer controles, rendir cuentas y evitar que la reforma termine reducida a otra promesa administrativa sin impacto visible en la seguridad y la confianza pública.