El Congreso se ve obligado a modificar 18 artículos de la ley 74/25, que sustituye el Código Penal, en medio de la presión ciudadana, las protestas y un calendario que aprieta. La corrección llega cuando faltan 24 días para la entrada en vigencia de la norma y 16 para el cierre de la legislatura, lo que deja al descubierto el costo institucional de legislar sin atender a tiempo las objeciones de fondo.
Ricardo de los Santos, presidente del Senado, remitió a una comisión bicameral el proyecto sometido por el Poder Ejecutivo y aseguró que los cambios serían aprobados antes del 3 de agosto. Sin embargo, ese movimiento confirma la distancia entre el discurso de orden legislativo y una realidad marcada por rectificaciones de emergencia, luego de que varios sectores advirtieran fallas en una ley ya aprobada.
La salida que termina imponiéndose es la planteada por el Ejecutivo, a través del ministro de Justicia, Antoliano Peralta: dejar que la ley entre en vigencia y después introducir modificaciones. En contraste, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y otros sectores han propuesto ampliar la vacatio legis para revisar con mayor detenimiento las demandas de cambio, una señal de alerta institucional sobre el manejo de una pieza con impacto directo en derechos y seguridad jurídica.
Las críticas se han enfocado en disposiciones que inciden sobre la libertad de expresión y el ejercicio de la medicina, mientras organizaciones también acudieron al Tribunal Constitucional en busca de la despenalización del aborto en tres causales. La protesta en la Plaza de la Bandera y los cacerolazos en distintos sectores de la capital y del país acabaron empujando una respuesta política que no surgió de la previsión del poder, sino de la presión social.
Aunque el Senado afirma que la iniciativa recoge observaciones de juristas, académicos, comunicadores, medios, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos, el giro de última hora refuerza la demanda de fiscalización sobre el Congreso y el Ejecutivo: cuando una ley de este calibre necesita correcciones urgentes antes de arrancar, lo que queda en evidencia no es fortaleza institucional, sino desgaste de gestión y una forma de legislar que traslada incertidumbre y costo social a la ciudadanía.