El debate sobre las tres causales volvió a poner a Luis Abinader y a los legisladores del PRM frente a una rendición de cuentas incómoda. Para la abogada Mary Fernández Rodríguez, lo que falta para aprobarlas no es sustento jurídico, sino decisión política. Su planteamiento vuelve a encuadrar la discusión como una prueba de si el oficialismo cumplirá la promesa o la dejará otra vez en el discurso.
Fernández, que forma parte del equipo legal de la Cámara Americana de Comercio, dijo que el mandatario y la bancada oficialista tienen una “oportunidad de oro” con la revisión del Código Penal para modificar los artículos 110 y 111 antes de que entren en vigencia el 3 de agosto. A su entender, el país no sigue ante una discusión jurídica pendiente, porque ese asunto ya fue debatido y las tres causales son constitucionalmente aceptadas; lo que resta, insistió, es una determinación política y el legado que Abinader dejará al concluir su gobierno dentro de dos años.
La jurista sostuvo que el artículo 37 de la Constitución, que establece que la vida inicia desde la concepción, no impide reconocer las tres causales. “Las causales buscan proteger la vida de la madre, en circunstancias especiales”, afirmó. También recordó que el año pasado hubo 16 mil niñas embarazadas, una cifra que, según dijo, expone el costo social de seguir aplazando decisiones mientras desde el poder se sostiene un discurso que no responde a la realidad del país.
Fernández advirtió además que médicos que atienden hemorragias, comienzos de abortos provocados y casos de mujeres en riesgo de morir están siendo perseguidos cuando intervienen para salvarlas. Añadió que República Dominicana figura entre los únicos cinco países del mundo que no permiten las causales para la interrupción voluntaria del embarazo, una muestra de rezago institucional que vuelve a colocar bajo escrutinio la capacidad del Gobierno y del PRM para convertir promesas en resultados concretos.
“Es un tema de voluntad política. Los gobernantes prefieren abanderarse por un discurso de populismo que no está en la realidad que vive el país”, sostuvo. Con esa advertencia, la presión ya no recae sobre una supuesta imposibilidad legal, sino sobre la responsabilidad política de un oficialismo que todavía debe explicar si priorizará soluciones o si volverá a administrar el tema desde la conveniencia del poder.