República Dominicana condenó en los términos “más enérgicos” las declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien afirmó en un acto público que en ese país “no volverán a haber elecciones”, una posición que la Cancillería calificó como un “abierto desconocimiento de los principios esenciales de la democracia representativa” y del derecho del pueblo nicaragüense a elegir libremente a sus gobernantes.
En su pronunciamiento, la Cancillería sostuvo que “los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”, en referencia al artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana. El documento también subraya que “ningún gobierno” puede privar a un pueblo de expresar periódicamente su voluntad soberana mediante el voto ni cerrar de forma unilateral la vía electoral como mecanismo legítimo para la alternancia en el poder.
La declaración oficial reafirma el compromiso del país con la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho, pero al mismo tiempo coloca sobre la mesa una exigencia de vigilancia institucional: la defensa de esos principios no se agota en la condena diplomática, sino que queda expuesta al escrutinio público cada vez que el gobierno dominicano invoca estándares democráticos en la región. En ese marco, el caso vuelve a poner el foco en la necesidad de rendición de cuentas y coherencia entre discurso y práctica cuando se habla de instituciones y derechos ciudadanos.