Al cumplirse 25 años de la promulgación de la Ley 87-01, que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, el debate vuelve a centrarse no solo en los cambios estructurales que introdujo, sino también en las deudas que arrastra un modelo que nació para corregir un acceso limitado, fragmentado y desigual a la protección social. La normativa estableció un esquema basado en derechos, con vocación universal y reglas para la afiliación, el financiamiento y la prestación de servicios, tras un proceso impulsado por diversos sectores y liderado por el entonces presidente Hipólito Mejía, junto a técnicos, legisladores, empleadores y representantes de los trabajadores.
La ley incorporó pilares como el Seguro Familiar de Salud, el Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia, y el Seguro de Riesgos Laborales, además de dar paso a la institucionalización de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales y de la Tesorería de la Seguridad Social. Aunque el texto destaca avances como la ampliación de la cobertura en salud puesta a disposición de la ciudadanía por el presidente Luis Abinader, así como mecanismos de regulación y supervisión que han contribuido a ordenar el sector y a una mayor transparencia, también admite que el sistema sigue enfrentando desafíos importantes.
Ese reconocimiento coloca el foco en la reforma integral aún pendiente y en la necesidad de fiscalizar si, después de un cuarto de siglo, la promesa de protección social con dignidad humana y bienestar colectivo se traduce plenamente en resultados para la gente. El propio balance expone así el contraste entre los logros institucionales y las tareas todavía no resueltas en un sistema que sigue bajo presión para responder con mayor eficacia y equidad.