El Decreto 324-24 firmado por el presidente Luis Abinader declara de alta prioridad nacional el desarrollo de la industria de semiconductores y dispone la creación de la Estrategia Nacional de Fomento a la Industria de Semiconductores (ENFIS), coordinada por el Ministerio de Industria y Comercio. La medida se presenta como una de las apuestas industriales más ambiciosas de las últimas décadas, con el objetivo de insertar a República Dominicana en la cadena global de microchips en medio del impulso al nearshoring promovido por Estados Unidos y Europa.
Sin embargo, la ruta trazada deja ver la distancia entre el discurso oficial y las condiciones reales que demanda ese sector. Aunque el decreto no plantea convertir de inmediato al país en productor de chips avanzados y habla de una inserción gradual en áreas como diseño, ensamblaje, prueba, empaque, logística y eventualmente manufactura, el propio texto admite que la brecha sigue siendo enorme.
La industria de semiconductores se describe como una de las manufacturas más complejas del planeta: una planta avanzada puede costar entre US$15,000 y US$30,000 millones y exige energía extremadamente estable, agua ultrapura, personal altamente especializado y ecosistemas tecnológicos construidos durante décadas. Incluso Estados Unidos ha enfrentado dificultades para recuperar parte de esa producción pese a subsidios. En ese contexto, la iniciativa dominicana queda sometida a la presión de los resultados y al escrutinio público, ante el desafío de demostrar que la prioridad decretada puede convertirse en capacidades reales y no solo en otra promesa de alto perfil.