La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) puso bajo la lupa el decreto 309-26 del Poder Ejecutivo al sostener que la norma impulsa una transformación educativa sin rigor científico y de espaldas a las necesidades estructurales del sector. A juicio del gremio, la disposición favorece intereses externos en lugar de atender las prioridades del sistema público.
Menegildo De La Rosa, secretario de comunicaciones del sindicato, aseguró que la medida evidencia un compromiso del Gobierno con agendas internacionales y sectores empresariales. Según indicó, las reformas planteadas facilitarían el traspaso del sistema educativo público al capital privado, mientras las autoridades se resisten a abrir una consulta nacional con maestros, estudiantes y académicos.
La ADP también cuestionó la propuesta de unificar los ministerios de Educación y de Educación Superior, al advertir que esa iniciativa buscaría desviar fondos públicos para financiar la educación privada. Ante ese panorama, el gremio reclamó una investigación científica sobre las causas que frenan el aprendizaje, exigió que el 4% del PIB destinado a educación se use con eficiencia en el sector público y anunció que seguirá movilizado para defender la participación social en cualquier cambio al sistema de enseñanza.