El documento oficial del Gobierno sobre la crisis en Medio Oriente parte de un diagnóstico correcto: un choque petrolero presiona combustibles, electricidad, transporte, alimentos, inflación y cuentas fiscales. No obstante, la respuesta vuelve a descansar en recortes de viáticos, viajes, publicidad, vehículos, eventos y gastos operativos, una fórmula que proyecta austeridad pero deja dudas sobre su alcance real frente al tamaño de la presión fiscal.
El propio paquete oficial habla de liberar RD$40,000 millones, pero esa cifra pierde peso si se compara con el parámetro que ofrece el mismo documento: cada aumento de USD 10 en el barril de petróleo representa cerca de USD 763 millones adicionales en la factura petrolera. Bajo esa referencia, los RD$40,000 millones equivalen a unos USD 660 millones y cubrirían menos de USD 9 por barril, de modo que el plan quedaría corto si el choque supera USD 20 o USD 30.
La medida más visible, recortar 50% el financiamiento a los partidos políticos, concentra el mayor rendimiento político del anuncio, aunque su impacto fiscal sería limitado: entre RD$600 y RD$750 millones, menos de 2% del paquete. A ello se suma otro punto sensible para la fiscalización: varias medidas no son verificables sin línea base, metas por institución y reportes mensuales. El antecedente de los decretos de austeridad de 2021 y 2022, tras los cuales varios rubros volvieron a subir, refuerza la exigencia de controles y explicaciones sobre áreas que el Gobierno no aborda con claridad, como la nómina pública, el subsidio eléctrico y una regla para combustibles.