La deportación inminente del empresario haitiano Dimitri Vorbe desde Estados Unidos colocó al Ministerio de Interior y Policía de República Dominicana en el centro de una discusión que trasciende su perfil empresarial y toca el terreno de la rendición de cuentas institucional. Vorbe, vicepresidente ejecutivo y accionista del GB Group, también fue la cara principal de Sogener, empresa que suplía parte importante de la electricidad en Haití mediante contratos con la estatal Electricité d’Haïti (EDH).
Su nombre arrastra un conflicto con el Estado haitiano desde 2019, cuando bajo la administración de Jovenel Moïse se iniciaron acciones legales contra Sogener y sus directivos por alegada sobrefacturación y fraude en contratos de suministro eléctrico. En 2020 se emitió una orden de arresto en su contra, acusaciones que Vorbe ha rechazado al calificarlas de persecución política. Luego se trasladó a Estados Unidos, donde solicitó asilo político y continuó pronunciándose sobre la crisis institucional y de seguridad en Haití.
El caso volvió a escalar cuando fue arrestado en Miami a finales de septiembre de 2025 por agentes del ICE, después de que el Departamento de Estado determinara que su presencia en territorio estadounidense tenía “consecuencias adversas”. En ese contexto, la reacción de las autoridades dominicanas quedó bajo escrutinio, al tratarse de una decisión con implicaciones políticas e institucionales en un escenario marcado por la presión regional derivada de la crisis haitiana.