La revisión de la Ley 74-25, que establece el Código Penal, volvió a encender una alerta institucional en el Congreso, después de que el diputado del PRM Eugenio Cedeño se retirara este viernes de los trabajos de la comisión bicameral en protesta por la forma en que se desarrolla el proceso.
El legislador explicó que, de los 28 integrantes de la comisión, el análisis de las iniciativas fue dejado en manos de una subcomisión formada por dos diputados y un senador, mientras el resto aguarda los resultados. La situación refuerza el contraste entre el discurso de una labor legislativa amplia y una dinámica que, según la queja planteada, concentra la revisión en muy pocos miembros.
“Yo me respeto como legislador y no es verdad que uno venga a una comisión bicameral para estar sentado en un salón esperando a dos diputados y un senador que mandaron a estudiar todo lo concerniente a la comisión”, dijo Cedeño antes de abandonar la sede legislativa.
La salida del diputado oficialista no solo deja ver roces internos en el PRM, sino que también vuelve a poner sobre la mesa la demanda de fiscalización en torno a un tema de gran impacto institucional. En un debate que debería producir resultados y deliberación efectiva, la queja apunta a un Congreso presionado por sus métodos y por la distancia entre lo anunciado y lo que ocurre en la práctica.